El titular de la Dirección General de Catastro (DGC), Félix Herrero, fundamentó sobre el sentido común la decisión de la repartición de recategorizar inmuebles rurales, otrora improductivos y hoy aptos para cultivo. Y recordó que el productor que considere que se vio afectado injustamente, a raíz de que su tierra fue recategorizada en forma errónea, cuenta con la posibilidad de elevar un recurso ante la DGC, que seguirá las vías administrativas. De esa manera, se refirió a la decisión del Gobierno provincial, de revisar, por primera vez en una década, la categoría con la que fueron calificados unos 1.200 fundos rurales, que representan alrededor del 1,5% de los 88.000 que se encuentran empadronados.
Herrero recordó que el Valor Unitario Básico (VUB) para los campos calificados como zona H (áreas que presentan limitaciones que imposibilitan cualquier tipo de actividad agrícola) es de $ 32,5. Esta cifra, multiplicada por la cantidad de hectáreas del terreno, determina el costo fiscal de la propiedad, sobre el que se aplicará la alícuota del 1,2% del impuesto inmobiliario. A modo de ejemplo, si una persona posee 1.000 hectáreas en una zona H, pagará, por año, el 1,2% de $ 32.500 (1.000 por $ 32,5); es decir, $ 390. "No podemos mantener un avalúo de $ 32.5 en campos sojeros", afirmó el funcionario provincial.
Herrero insistió en que desde la repartición cuentan con datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y con imágenes tomadas desde el cielo (de satélite y desde un avión, a escala 5.000), que prueban que se transformó la topografía de estos 1.200 terrenos rurales, que en 2001 habían sido categorizados como zona H. "Somos un sector técnico; todo está muy bien documentado; hay campos que son muy fáciles de detectar. Sin embargo, si alguien cree que fue afectado injustamente, hay una serie de medidas que puede tomar en Catastro; y si hemos errado, si hemos corrido un grado más, un grado menos la coordenada, lo rectificamos", indicó.
Tras el anuncio de la recategorización, publicado el domingo en LA GACETA, un sector del campo tucumano salió a reclamar que, en caso de que se avance con la medida, se reduzca la alícuota del impuesto inmobiliario. "Hace no mucho tiempo se llevaron a cabo revaluaciones fiscales, pero no disminuyeron las alícuotas. Sería hora de que bajen", había pedido Víctor Pereyra, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Tucumán (Cartuc).
Aunque no respondió en forma directa, Herrero aludió a las críticas por la recategorización. "Obviamente, cuando se tocan intereses genera cierta rispidez, y cada uno puede decir lo que sea. Escuché que no había zona H cultivada en Tucumán; yo puedo demostrar que sí; son 1.200 padrones", dijo. Agregó que la función del organismo que conduce es valuar correctamente los inmuebles: "no puedo avaluar por $ 7.000 un sector y otro por $ 32, sobre todo cuando se está sacando ganancias".
Impacto económico
El funcionario señaló que la recategorización hará que ingresen a las arcas provinciales unos $ 2 millones más, anuales. A raíz de ello, descartó que los dueños de los inmuebles a recategorizar sufran un golpe económico significativo. "Por ejemplo, si antes, por 1.000 hectáreas de zona H pagaban, por año, unos $ 390, ahora, con la nueva categoría, deberán pagar $ 4.800. El impacto para ese contribuyente no es nada", puntualizó.